HERSILL | NOTICIAS | ACTUALIDAD | 22 JULIO 2022
En España, aproximadamente el 85% de los productos sanitarios tienen un IVA del 21% —el tramo impositivo más alto—, lo que convierte a nuestro país en uno de los estados europeos que aplica un impuesto más alto a estos artículos.
Desde el sector de la tecnología sanitaria se viene reclamando un IVA reducido a todos estos productos, que son clave para abordar la enfermedad y la prevención de la salud. Aunque el Gobierno aplicó un 0% de IVA a las soluciones implicadas en la mejora de los pacientes con COVID-19, con el resto de productos ha argumentado que la bajada de este tributo no es competencia nacional.
Sin embargo, el pasado 6 de abril, tras un acuerdo alcanzado por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), vio la luz la nueva Directiva (UE) 2022/542 de reforma del IVA, que permite a los Estados miembros, sin necesidad de contar con la autorización de la CE, modificar los tipos de IVA a determinados productos que satisfacen necesidades básicas, como es el caso de los equipos, aparatos, dispositivos y artículos médicos, así como el material auxiliar y los equipos de protección.
Tal y como remarca la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, es necesario y urgente aplicar el tipo reducido de este impuesto, lo que podría traducirse en un ahorro de más de 1.000 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud, que podrían ser reinvertidos para la mejora de la Sanidad.
Que las comunidades autónomas dispusieran de más recursos económicos por la bajada del IVA permitiría a los servicios de salud aumentar la calidad de la asistencia sanitaria, reducir las listas de espera, afrontar la renovación del equipamiento de hospitales y centros de salud e introducir innovaciones tecnológicas.
Esta medida también supondría un ahorro para los pacientes y una mayor accesibilidad a los productos sanitarios, esenciales para la salud. La reducción impositiva de este tributo, además de alinear a España con la UE, contribuiría a la lucha contra el cambio climático, la digitalización y la protección de la salud pública.
